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A FALTA DE 11M
sábado, 26 de enero de 2008
14:25
La Fiscalía del Estado presentará las demandas de ilegalización de EHAK y ANV la próxima semana

El PSOE juega su baza electoral presentando a un Zapatero adalid de la unidad del reino borbónico


inSurGente.- El Gobierno que preside el socialdemócrata José Luis Rodríguez Zapatero ya ha dado el primer paso para ilegalizar a EHAK y ANV, con la autorización por parte del Consejo de Ministros a la Abogacía del Estado para que presente ante el Tribunal Supremo la demanda de ilegalización de las formaciones abertzales. A falta de 11-M, el PSOE se ha empeñado en presentar a Zapatero como un candidato ultra español, aunque para ello tenga que ciscarse en los derechos fundamentales de personas y pueblos. Hagan clic en "Leer más" para ampliar la información. (En la fotografía, el fiscal general Cándido Conde-Pumpido.)


Gara.- Antes de que la portavoz del Gobierno español compareciera en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Mariano Fernández Bermejo se ha apresurado a anunciar en una tertulia televisiva que el Consejo de Ministros ya ha autorizado a la Abogacía del Estado que presente ante el Tribunal Supremo la demanda de ilegalización de EHAK y EAE-ANV.

El ministro de Justicia ha dicho que la autorización al abogado del Estado se realiza "en cumplimiento de la ley" y que también se actuará "contra cualquier formación que pudiera presentarse como plan alternativo".


Por su parte, María Teresa Fernández de la Vega se ha pronunciado en la misma línea y ha afirmado que con esta actuación se impedirá judicialmente la concurrencia de EAE-ANV y EHAK a las elecciones de marzo.


El acuerdo del Consejo de Ministros se ha adoptado, según ha dicho, una vez que se ha "probado de forma clara y contundente" la vinculación de ambas formaciones con Batasuna.



La Fiscalía, la próxima semana


Ayer, la Fiscalía General del Estado dio un paso más en su estrategia de ilegalización contra la izquierda abertzale y aseguró que las demandas contra EAE-ANV y EHAK se presentarán a principios de la próxima semana ante la Sala 61 del Tribunal Supremo.


Las demandas se presentarán por la vía del artículo 9 de la Ley de Partidos y alegarán como causa principal la contemplada en el apartado F de dicha disposición, que se refiere a la "colaboración habitual con organización que de forma sistemática apoya el terrorismo", en referencia a Batasuna.

Cándido Conde-Pumpido ha explicado que en el caso de EHAK la petición se basa en los informes policiales en los que se trata de vincular a ambas formaciones a través de sus finanzas.


Respecto a EAE-ANV, la Fiscalía argumentará además que algunos de sus integrantes "minimizan" las acciones de ETA y no las condenan, lo que a su juicio constituye otra causa de ilegalización. En este caso, Conde-Pumpido ha citado la intervención de la alcaldesa de Hernani en Iruñea.


El fiscal general del Estado ha explicado que las solicitudes de ilegalización, que se presentarán por el trámite de demanda ordinaria, irán acompañadas de la petición de suspensión cautelar de las actividades de ambas formaciones tanto en el Supremo como en la Audiencia Nacional.



Impugnar "tantas listas como se presenten"


En el supuesto de que ninguno de los dos tribunales accediera a una suspensión cautelar de actividades, Conde-Pumpido ha dicho que se acudirá a un procedimiento contencioso-electoral contra las listas de ambas formaciones. Ha asegurado, en ese sentido, que la Fiscalía está preparada para impugnar "tantas listas como se presenten".



El "totum revolutum"

Gara (Ramón Sola).- En un sistema normal, el juzgado abre un sumario, la policía indaga, el fiscal opina, el juez decide y los medios se limitan a informar. Pero esta cadena lógica salta por los aires otra vez. El ataque a EHAK y ANV refleja un «totum revolutum» no sólo en el procedimiento, sino en las «pruebas»: desde elementos ya usados y desechados hasta documentos tan delictivos que fueron presentados públicamente.


En cualquiera de las democracias formales de nuestro entorno el procedimiento lógico para suspender una asociación sería que el juzgado abriera un sumario, que la policía hiciera sus indagaciones, que después el fiscal opinara como el resto de las partes, que el instructor analizara todo ello antes de tomar las decisiones y que los medios de difusión se limitaran a informar del proceso. Pero eso sería en un sistema normal de una democracia formal al uso, en el que, para empezar, no se ilegalizan ni suspenden partidos políticos. El Estado español, por contra, no sólo veta ideas, sino que le da vuelta a todo ese procedimiento como si fuera un calcetín.


La ejecución de la ofensiva contra EHAK y EAE-ANV ha mostrado un totum revolutum en el que muchos medios toman la delantera a los fiscales a la hora de acusar; en el que éstos anticipan su intención de acusar sin haber acumulado pruebas ni indicios; en que el juez decide poner en marcha la suspensión sin haber tenido tiempo material de revisar los informes policiales; en el que nadie se molesta en disimular que éstos, en realidad, no son más que la coartada para revestir una decisión tomada previamente; y en el que, en fin, todo un ministro de Justicia «garantiza» el resultado final nada más ponerse el balón en juego. Mariano Fernández Bermejo dejó claro ayer que EHAK y ANV no llegarán a las urnas por decisión del Gobierno español; es el mismo que en su día anticipó que actuarían «cuando la jugada lo aconseje». Meses antes, la confesión del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, fue al menos a posteriori: «Es posible que con las impugnaciones de ANV nos hayamos pasado, pero ha colado», dijo.


Para cocinar esta última chapuza no importa recurrir a datos que han sido analizados hace tiempo en la misma Au- diencia Nacional -y por un juez tan poco sospechoso como Fernando Grande-Marlaska-, sin que entonces se apreciara el presunto delito que ahora se presenta como flagrante. Así ocurre con las famosas nóminas para asesores de EHAK, dato que apareció en la prensa desde prácticamente el día en que estrenó su actividad parlamentaria, en mayo de 2005. El País asumía ayer que «el documento entregado a Baltasar Garzón recoge datos que ya fueron incluidos en informes de investigación anteriores».


Por lo que afecta a EAE-ANV, se incluyen elementos al parecer tan punibles como que una edil de Durango consultó con un ex dirigente de Batasuna un texto para una moción. Sobre los contactos entre formaciones de la izquierda abertzale ironizaba ayer un internauta en el foro de Público: «¿Acaso se van a relacionar con la FAES?».

Ayer, las agencias de información rebotaban textualmente, como si fuera la prueba de las pruebas, un documento hallado supuestamente en el registro de la casa de Joseba Permach. A cualquier observador medianamente objetivo que lea el texto le quedará claro que evidencia que ANV y Batasuna eran dos organizaciones distintas y autónomas; es decir, lo contrario a lo que parece entender la Policía. Pero es que, además, debe ser tan delictivo que fue presentado públicamente, en concreto el 30 de noviembre de 2005, día de San Andrés, en el 75 aniversario del partido ekintzale, según refleja la prensa del día siguiente.


Luego están las cuentas bancarias. Tiempo habrá -o no-de debatir qué fuerza probatoria tienen las supuestas transferencias a personas individuales sobre las que el propio Garzón ha afirmado que no han perdido sus derechos civiles y políticos. Pero, al margen de ello, yendo a la letra pequeña ya chirría un poco la afirmación de portada de El Mundo, que acusa a Arnaldo Otegi de «usar tarjetas Visa con cargo a ANV». Y es que Otegi fue encarcelado muy pocos días después de las elecciones, cuando todavía no se ha- bían constituido ninguna de las instituciones en las que el partido ekintzale está representado.


Llamativa también es la cuestión del manejo de los tiempos. Otra excepcionalidad que no dudaban en admitir ayer medios como El Mundo, al indicar que «a pesar del abultado trabajo de la Policía Nacional -con 2.100 folios de redacción y varios tomos con documentación adjunta-, el magistrado no necesitó más que unas pocas horas para, en vista de las pruebas, tomar una decisión». Varios medios destacaban que los días 4 y 5 de febrero, en que se han convocado las audiencias previas a la suspensión, se ubican en la semana previa a la proclamación de candidaturas para las elecciones del 9-M, así que el calendario apretaba. La labor de acopio de datos policiales se venía realizando desde 2005 en el caso de EHAK. Conclusión: o las FSE son muy torpes recopilando «pruebas» o el juez es muy rápido valorándolas.

En paralelo, a tenor de las filtraciones, los últimos elementos incluidos contra ANV ha- brían sido obtenidos en la redada de Segura, hace más de tres meses. Tiempo en el que el Gobierno ha dado a entender que seguía buscando pruebas para proceder a la suspensión y la ilegalización porque «hay que ser rigurosos». Si en noviembre los elementos no eran suficientes, ¿por qué lo son ahora? ¿O es que se dilató el proceso artificialmente para colocar la operación en vísperas electorales?


La práctica totalidad de los medios de difusión españoles se han situado como otra pieza más en este maremágnum ilegalizador. La ofensiva viene siendo radiada, cuando no azuzada directamente, desde hace meses. Ayer prácticamente todos difundieron datos profusos de los informes policiales, con entrecomillados incluidos. Los medios del Grupo Vocento incluyeron paradójicamente un despiece que afirma que «Garzón no quiere encontrarse en los periódicos y en internet los más de 2.500 folios que ocupan los informes policiales». Se asegura que a tal fin ingenió un «laborioso sistema» que impide a las partes (salvo a la Fiscalía) realizar copia alguna de los documentos y que obligó incluso a los agentes policiales a firmar un compromiso de confidencialidad. Pero si las filtraciones no se produjeron por la vía habitual de las «fuentes jurídicas», ¿quién pasó los informes? Otra vez el totum revolutum.


El País, por cierto, ya adelantaba el alcance que tendrá la suspensión, «en caso de que Garzón lo decida», según el matiz añadido: «No poder participar como partido en cualquier actividad. No poder convocar manifestaciones, concentraciones, caravanas o cualquier acto público o asistir a los mismos, ni realizar actividades propagandísticas y publicitarias. Supondría también la clausura y precinto de las sedes; la cance- lación de las páginas y servicios que la formación pudiera tener contratados en internet, y previsiblemente hasta la disolución de los grupos municipales que posean las citadas subvenciones y la pérdida de las subvenciones como grupos».


ANV: "Quieren colapsar al movimiento político que puede instalar un cimiento democrático sólido"

La cabeza de lista de EAE-ANV al Congreso español por Nafarroa, Mariné Pueyo, ha comparecido ante los medios acompañada por la alcaldesa de Pasaia, Maider Ziganda, la de Hernani, Marian Beitialarrangoitia, que compareció ayer ante la Audiencia Nacional española y el juez Santiago Pedraz ha decidido hoy archivar las diligencias del caso. Les acompañaban otros cargos electos de la formación.

Representantes de la formación ekintzale acudirán al mismo tribunal especial el 5 de febrero, donde se celebrará la vista previa a la suspensión de sus actividades. Pueyo ha afirmado que "iremos preocupados, pero a la vez orgullosos".


Ha recordado que el partido independentista ha conocido "la República, la Guerra Civil, la dictadura de Franco, la transición y la supuesta democracia a la española", y ha lamentado que ahora "nos han situado en el punto de mira de la ilegalización". En ese sentido, se ha preguntado "qué es lo que en realidad quieren ilegalizar", y ha asegurado que su objetivo es suspender "la actividad política de un partido que tiene una dirección concreta y que no es otra que el socialismo y la independencia".


También se ha preguntado el porqué de estas actuaciones. "Nosotros creemos que quieren incidir en el cambio político que se avecina en Euskal Herria, quieren colapsar al movimiento político que puede instalar un cimiento democrático sólido", ha dicho.


Asimismo, se ha referido tanto al Gobierno español como al PSOE sobre "la reforma constitucional que están proyectando", y les ha advertido de que "no la vamos a aceptar y que los posibles cambios sin tener en cuenta a la izquierda abertzale no solucionarán el conflicto y previsiblemente no darán la estabilidad que necesita la estructuración de España".


Por el contrario, ha asegurado que "sí vendrá, en cambio, este cambio político de la mano del consenso, del debate y del acuerdo. Lo contrario no será más que un nuevo fraude".



Estarán presentes el 9 de marzo


En cuanto a las elecciones que se celebrarán el próximo 9 de marzo, Mariné Pueyo ha reiterado que la formación ekintzale estará presente en los comicios, "porque vamos a reivindicar que Euskal Herria es una nación, vamos a denunciar que los más elementales derechos no están garantizados y, especialmente, porque pretendemos dar a conocer al pueblo español el contenido de la propuesta de transición al marco democrático".


Además, ha dicho, "intentaremos superar los teatros y escenificaciones que los sectores regionalistas, sean Erkoreka o Barkos, hacen sobre nuestro país, ya que más allá de negocios y turbias conductas, pretendemos hacer un trabajo serio y en pro de nuestro pueblo". "Por eso decimos que el voto independentista estará presente", ha corroborado.


Por último, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía vasa para que en estos momentos "dé la respuesta que merece esta situación". Según ha declarado, "una manera de comprometerse puede ser adherirse a la pequeña campaña 'Guk independentzia lau haizetara, banderola ekimena'. Pedimos que consigáis en vuestras ciudades, barrios y pueblos estas banderolas y las hagáis públicas en vuestras ventanas y balcones. Somos muchos los independentistas que nos tenemos que hacer no sólo oír, sino ver", ha concluido.

Los recursos propios contra la ilegalización (Editorial de Gara)

El Gobierno español instó ayer a la Abogacía del Estado para que presente ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo la demanda de ilegalización de EHAK y ANV. En paralelo al proceso puesto en marcha por el juez Baltasar Garzón, que sustentará con demanda de suspensión cautelar la propia Fiscalía, el Gobierno del PSOE activa todos los mecanismos a su alcance para impedir que el independentismo vasco tenga representación el 9 de marzo.

En un estado de derecho un proceso de ilegalización de una formación política es un hecho del todo excepcional. Sin embargo, como puso de manifiesto la intervención de la portavoz del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, para el PSOE se ha convertido en una actuación prácticamente banal, hasta el punto de remarcar como objetivo expreso de la medida el que «no quede ningún hueco» para la participación de las formaciones concernidas en las elecciones al Congreso y Senado españoles.


Al vincular expresamente una actuación que conlleva una grave vulneración de derechos civiles y políticos a una contienda partidaria, se hace patente que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero está dispuesto a asumir una devaluación más que evidente de las garantías fundamentales en el Estado español con tal de «hacerse perdonar» a los ojos de la derecha extrema sus «pecados» en el proceso vasco.


A los ojos de una amplia mayoría de la ciudadanía vasca, el Gobierno del PSOE se retrata hoy como mero ejecutor de los planes del ex presidente español, José María Aznar, al no ser capaz de ofrecer un proyecto político que sitúe en parámetros estrictamente democráticos el debate sobre el cambio político abierto en Euskal Herria.


Por ello, la cuestión clave no es qué ocurrirá el 9 de marzo, sino cuál será la actitud de las formaciones vascas antes de esa fecha. El bloqueo a una medida que goza de un amplio nivel de rechazo en Euskal Herria debe activarse de inmediato. Este país dispone de recursos -sociales e institucionales- para poner pie en pared a un Estado que se muestra sin complejos, desnudo de cualquier «ornamento democrático», con tal de condicionar el proceso en marcha para devolver la palabra y la decisión a Euskal Herria.


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